Estoy de salida para la oficina por eso no tengo tiempo para delicadezas, adornos y buruburus. La noticia la acabo de leer en mi reader y viene del Comercio. Se trata del asunto ese de que la otoronga siendo notaria se había prestado al juego de vender una propiedad a dos personas distintas, en documentos en los que se había "consignando datos que no se adecúan a la realidad".
La parte graciosindignante del asunto:
Resulta que el 29 de agosto del 2001 Canchaya, siendo notaria, elevó a escritura pública la minuta de compraventa de un predio, celebrado entre Aquiles Antonio Nolasco Arroyo y su esposa Victoria Chávez Porras --en condición de vendedores-- y José Luis Fierro y su cónyuge Susana Guadalupe Poma Castillo, como compradores, "consignando datos que no se adecúan a la realidad", según señala el informe del procurador público de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Alfonso Orrego.
La parte graciosindignante del asunto:
Resulta que el 29 de agosto del 2001 Canchaya, siendo notaria, elevó a escritura pública la minuta de compraventa de un predio, celebrado entre Aquiles Antonio Nolasco Arroyo y su esposa Victoria Chávez Porras --en condición de vendedores-- y José Luis Fierro y su cónyuge Susana Guadalupe Poma Castillo, como compradores, "consignando datos que no se adecúan a la realidad", según señala el informe del procurador público de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Alfonso Orrego.
¿Persecución política? ¿Por qué iban a perseguir a un político irrelevante?
Pero ahí no termina todo. Canchaya elevó la misma escritura pública de dicha compraventa, pero a favor de Julián Cipriano Leyva Huatuco y su esposa María Mucha, "manteniendo con ello en engaño a los agraviados y al sistema registral", porque las dos escrituras se inscribieron en los registros públicos de Huancayo.
Este caso fue presentado el 11 de mayo del 2007 y a partir del 4 de junio de este año fue revisado por la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria del Congreso. El congresista aprista y firmante del dictamen, Luis Falla Lamadrid (PAP), dijo ayer a El Comercio que la actuación del fiscal y del juez es cuestionable "porque han realizado un incorrecto análisis de la tipificación de los presuntos delitos cometidos por Canchaya".
En su descargo, Canchaya --continuó Falla-- dijo que nunca fue notificada de estos hechos.
"Eso nos permite presumir la existencia de una motivación política en la presentación y tramitación de la denuncia contra Canchaya", dijo el legislador.
Fuente: El comercio. com
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